California ha alcanzado un logro importante en el refuerzo de las medidas de protección para las víctimas de delitos de odio. Una nueva revisión realizada por el Departamento de Justicia de California (DOJ) ha revelado que las 105 agencias del orden público de los condados de Los Ángeles, Orange, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura cuentan ahora con políticas sobre delitos de odio que cumplen los requisitos estatales.
Este logro se produce tras la aprobación del proyecto de ley 449 de la Asamblea (AB 449), presentado por el diputado Phil Ting, que exige a todos las agencias del orden público de California que adopten políticas integrales contra los delitos de odio que cumplan con las normas estatales. Como parte de esta ley, el Departamento de Justicia está revisando las políticas de los cuerpos de seguridad de toda California para garantizar que cumplan dichos requisitos.
Cuando el Departamento de Justicia comenzó a examinar los cinco primeros condados, solo siete de las 105 agencias contaban con políticas que cumplieran plenamente con las normas estatales. Tras identificar las deficiencias y ordenar a las agencias que introdujeran las modificaciones necesarias, las 105 agencias cumplen ahora con la normativa. Los restantes condados del estado seguirán siendo objeto de revisión hasta 2028.
Estas políticas ofrecen orientación sobre cómo deben los agentes identificar, investigar, documentar y responder ante los delitos motivados por prejuicios. Unas políticas coherentes contribuyen a garantizar que los delitos de odio se reconozcan, se investiguen adecuadamente y se traten de forma más uniforme para las víctimas en toda California.
Para la comunidad de personas con discapacidades, este avance resulta especialmente significativo. Las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo sufren delitos de odio y otros incidentes motivados por prejuicios en proporciones excesivamente elevadas. Sin embargo, los delitos de odio contra las personas con discapacidades suelen denominarse “delitos de odio invisibles”, ya que su denuncia es poco frecuente, lo que hace aún más importante que los agentes del orden reconozcan los indicios y actúen de forma adecuada.
Aunque esto supone un logro importante, los defensores de esta causa señalan que sigue existiendo una diferencia significativa. California aún no exige a los agentes del orden que reciban formación sobre cómo aplicar estas políticas. Las políticas escritas son un primer paso esencial, pero la formación ayuda a garantizar que los agentes puedan aplicarlas de forma coherente y eficaz en situaciones reales.
La colaboración entre The Arc y UCP California seguirá trabajando con organizaciones de defensa de los derechos civiles para presentar e impulsar medidas legislativas que respalden una formación práctica y rentable sobre delitos de odio dirigida a los agentes de las fuerzas del orden de California. Basándose en el éxito de la ley AB 449, los defensores de esta causa consideran que la formación obligatoria es el siguiente paso para reforzar la protección de las víctimas y garantizar respuestas más coherentes ante los delitos de odio en todo el estado.