Por Julie Schurman, abogada, directora de políticas públicas de la colaboración entre The Arc y UCP California.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han publicado una norma definitiva provisional en la que se explica cómo deben aplicar los estados los nuevos requisitos laborales de Medicaid establecidos por la H.R. 1, la Ley “One Big Beautiful Bill” (OBBBA). A partir del 1 de enero de 2027, muchos adultos de entre 19 y 64 años que reciben Medi-Cal a través del programa de ampliación de Medicaid estarán obligados a trabajar, realizar labores de voluntariado, asistir a la escuela o participar en otras actividades que cumplan los requisitos durante al menos 80 horas al mes para conservar su cobertura de salud. A diferencia de un proceso normativo tradicional, esta norma entra en vigor antes de que los CMS examinen las opiniones del público, aunque este sigue teniendo la oportunidad de presentar comentarios hasta el 31 de julio de 2026.
Aunque muchas personas con discapacidades están exentas de estos requisitos, la nueva normativa restringe considerablemente la forma en que se aplican dichas exenciones. Las personas que reciben Medi-Cal a través de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, Supplemental Security Income), lo que se conoce como la “vía tradicional de acceso a Medicaid” no están sujetas a los requisitos laborales. Sin embargo, muchos californianos con discapacidades reciben Medi-Cal a través del programa de ampliación de Medicaid, ya que cumplen los requisitos en función de sus ingresos y no de su derecho a la SSI. Es posible que estas personas tengan que cumplir los requisitos para obtener una exención por “fragilidad médica”. La normativa definitiva complica mucho más este proceso, ya que exige a los estados determinar no solo si una persona padece una discapacidad física, intelectual, del desarrollo, de salud mental u otra afección médica grave, sino también si dicha afección limita sustancialmente su capacidad para cumplir el requisito de trabajar 80 horas al mes. En muchos casos, el diagnóstico por sí solo ya no será suficiente para tener derecho a una exención.
Este enfoque crea barreras significativas para las personas con discapacidades. Muchas personas quieren trabajar, pero se enfrentan a la discriminación, a lugares de trabajo inaccesibles, a horarios a tiempo parcial irregulares o a la falta de adaptaciones razonables. Otras atraviesan períodos en los que su salud empeora o necesitan someterse a una intervención quirúrgica y a rehabilitación, lo que les impide cumplir de forma constante con un determinado número de horas de trabajo. Irónicamente, el acceso a la asistencia médica es, a menudo, lo que permite a las personas con discapacidades trabajar en primer lugar. Exigir a las personas que demuestren que no pueden trabajar para mantener su cobertura de salud corre el riesgo de desalentar el empleo en lugar de fomentarlo. Para muchos californianos con discapacidades, Medi-Cal es también la única forma de acceder a los servicios a domicilio y comunitarios que hacen posible que puedan llevar una vida independiente y trabajar.
Aún está a tiempo de hacer oír su voz. Los CMS aceptan comentarios públicos sobre la norma definitiva provisional hasta el 31 de julio de 2026 a las 11:59 p. m. (hora del Este), y las aportaciones del público pueden influir en futuros cambios en la norma. La organización the Autistic Self Advocacy Network ha elaborado recursos en los que se explican estos temas y se ofrecen orientaciones sobre cómo redactar y enviar comentarios. Puede enviar sus comentarios a través del Registro Federal.
La norma también se enfrenta a un importante recurso judicial. Una coalición de 25 estados y el Distrito de Columbia ha presentado una demanda en la que alega que los CMS restringieron ilegalmente la exención por “fragilidad médica” de tal forma que podría provocar que las personas con discapacidades y otras personas con afecciones graves de salud perdieran la cobertura de Medicaid. La demanda solicita al tribunal que bloquee estas disposiciones antes de que entren en vigor, lo que pone de relieve las graves preocupaciones que comparten muchos estados sobre el impacto de la Norma Final de Implementación (IFR) en las personas con discapacidades.