Por Greg deGiere, Defensor de Derechos Civiles, The Arc of California
Un nuevo plan estatal amplio publicado por el Fiscal General de California, Rob Bonta, podría mejorar de manera importante la forma en que las agencias del orden público interactúan con personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, así como con personas con condiciones de salud mental. Estas interacciones, con demasiada frecuencia, pueden escalar y terminar en resultados dañinos o trágicos.
El plan es el resultado de dos años de trabajo de un consejo asesor estatal creado por medio del Proyecto de Ley del Senado SB 882, impulsado por The Arc & UCP California Collaboration, Association of Regional Center Agencies y United Domestic Workers, y presentado por la exsenadora Susan Eggman.
El informe de 85 páginas del consejo presenta una guía para el cambio y pide a la Legislatura, a la Comisión de Normas y Capacitación para Oficiales de Paz (POST), y al Departamento de Servicios del Desarrollo que actúen en estas áreas:
- Ampliar modelos de respuesta a crisis y opciones alternativas.
- Implementar intervenciones en todo el sistema para reducir situaciones de escalación.
- Mejorar la capacitación por medio de los centros regionales y el Departamento de Educación.
El California Department of Justice publicó un resumen de las recomendaciones principales, junto con el informe completo y sus anexos.
“La investigación actual muestra que las personas con condiciones de salud mental o con discapacidades intelectuales y del desarrollo tienen más probabilidad de vivir interacciones potencialmente intensas o escaladas con las fuerzas del orden”, dijo Bonta en un comunicado del Departamento de Justicia. “Este informe representa un paso crítico para mejorar esas respuestas mediante soluciones basadas en datos”.
Por ejemplo, un estudio indicó que el 19.5% de los jóvenes con autismo en los United States habían sido detenidos por la policía antes de los 21 años, mientras que otro estudio indicó que, en comparación, solo el 10% de la población general en los United States tuvo contacto con la policía en 2020. Estadísticas como estas demuestran la necesidad de reformas.
El consejo asesor fue dirigido por el presidente Jim Frazier, exasambleísta y Director de Políticas Públicas de The Arc of California, y por la vicepresidenta Astrid Zuniga, presidenta de United Domestic Workers y líder del caucus laboral del California Democratic Party. El consejo incluye líderes de los sectores de discapacidad, salud mental, trabajo, envejecimiento, educación y seguridad pública.
“Quiero asegurarme de que cuando este informe se publique, sigamos adelante para garantizar que se cumpla. Todavía existen brechas”, dijo Frazier. “La sociedad siempre ha dado menos valor a la población de SB 882, pero si usted pasa tiempo con estas personas, sabe que son miembros importantes de nuestras comunidades y merecen respeto”.
Para implementar estas recomendaciones se necesitarán cambios constantes en la legislación y en los sistemas. Los esfuerzos de defensa ya están en marcha para avanzar este trabajo. Con un fuerte apoyo de la oficina del Fiscal General, hay un impulso creciente para convertir estas recomendaciones en resultados reales. Le mantendremos informado sobre cualquier nuevo avance.
Haga clic AQUÍ para ver el informe.







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