Por Julie Schurman, Directora de Políticas Públicas, The Arc & UCP California Collaboration
En enero, el gobernador Gavin Newsom presentó una propuesta de presupuesto estatal que incluye cambios a las reglas de elegibilidad de Medi-Cal para algunas personas en California. La propuesta impondría requisitos de trabajo y revisiones de elegibilidad más frecuentes —cada seis meses— para las personas inscritas en el programa de Medi-Cal financiado solo por el estado.
El Medi-Cal financiado solo por el estado brinda cobertura de salud a personas en California que NO son elegibles para Medicaid financiado por el gobierno federal (el Medi-Cal tradicional). Esto incluye a inmigrantes con estatus migratorio no satisfactorio.
Según la propuesta, las personas inscritas en este programa tendrían que demostrar actividad laboral y renovar su elegibilidad cada seis meses para poder mantener su cobertura.
¿Por qué los requisitos de trabajo son problemáticos?
La investigación muestra de manera consistente que los requisitos de trabajo en programas de apoyo social no aumentan significativamente el empleo. En cambio, crean barreras administrativas que provocan que muchas personas pierdan su cobertura, incluso cuando todavía son elegibles.
La propuesta también exigiría que las personas inscritas en Medi-Cal renueven su elegibilidad cada seis meses. Estas renovaciones frecuentes hacen que sea más difícil mantenerse inscrito y aumentan la carga de trabajo para las oficinas del condado que ya están trabajando con recursos limitados.
Para las personas inmigrantes con estatus migratorio no satisfactorio, estos requisitos crean una barrera adicional. Para verificar la actividad laboral, los empleadores tendrían que certificar el empleo. Muchos empleadores probablemente no estarán dispuestos a proporcionar esa certificación. Como resultado, este requisito podría crear un estándar casi imposible de cumplir para muchas personas.
Preocupaciones sobre privacidad y seguridad
Exigir documentación adicional relacionada con el empleo también genera preocupaciones serias sobre la privacidad y la seguridad. Orientación reciente a nivel federal permite que cierta información recopilada a través de programas públicos pueda compartirse con autoridades federales de inmigración.
Las organizaciones defensoras advierten que recopilar información sobre empleo o autorización de trabajo podría exponer a las familias a mayores riesgos y desalentar a muchas personas a buscar atención médica.
Estas preocupaciones no afectan solamente a inmigrantes con estatus migratorio no satisfactorio. El temor a acciones de cumplimiento migratorio también puede desalentar a inmigrantes que están legalmente en los Estados Unidos, e incluso a ciudadanos estadounidenses en familias con estatus migratorio mixto, a acceder a servicios de salud.
Impacto en las personas con discapacidades
Las personas inmigrantes con discapacidades y sus familias podrían enfrentar desafíos adicionales bajo esta propuesta.
Aunque algunas personas con condiciones médicas pueden quedar exentas de los requisitos de trabajo en ciertas circunstancias, las personas deben reportar su condición de discapacidad para calificar para esas exenciones. Muchas personas pueden dudar en compartir información sensible con agencias gubernamentales debido a preocupaciones sobre privacidad y posibles consecuencias relacionadas con la inmigración.
Esto crea otra barrera para acceder a atención médica para una población que ya enfrenta desafíos importantes para obtener servicios.
Una amplia coalición está alzando la voz
Más de 70 organizaciones han firmado una carta pidiendo a la Legislatura que rechace esta propuesta. La coalición incluye proveedores de salud, organizaciones de derechos de inmigrantes, defensoras de las personas con discapacidades y organizaciones de derechos civiles.
The Arc de California y El Arc de California se unieron a este esfuerzo junto con organizaciones como Western Center on Law and Poverty, Disability Rights California, Health Access California y la California Foundation for Independent Living Centers.
Juntas, estas organizaciones advierten que la propuesta aumentaría los costos administrativos, reduciría el acceso a la atención médica y perjudicaría a las comunidades inmigrantes, sin mejorar los resultados de empleo.